AUTORES
- María Teresa Poyo Pozo. Graduada en Gestión y Administración Pública. Administrativa en Salud Aragón. Aragón, España.
- Nuria Martínez Artigas. Licenciada en Derecho. Administrativa en Salud Aragón. Aragón, España.
- Ruth Santamarta Plaza. Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social en Salud Aragón. Aragón, España.
- María Nuria Requeno Jarabo. Médica de familia. Centro de Salud San José Sur. Zaragoza, Aragón. Aragón, España.
- Sofia Cerdán Gómez. Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social en Salud Aragón. Aragón, España.
- Ana Laura Jiménez Mendizábal. Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social en Salud Aragón. Aragón, España.
RESUMEN
La violencia contra los profesionales de la salud constituye un problema creciente en los sistemas sanitarios públicos, con repercusiones directas en la calidad asistencial, la salud laboral y la sostenibilidad del sistema. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la magnitud de las agresiones en hospitales y centros de salud en España, diferenciando entre personal sanitario y administrativo, así como proponer medidas de intervención basadas en la evidencia.
Se realiza una revisión narrativa basada en informes oficiales del Ministerio de Sanidad, artículos científicos y literatura especializada en español. Los datos más recientes indican que en 2025 se registraron más de 18.500 agresiones en el Sistema Nacional de Salud, con predominio de agresiones verbales y un notable infrarregistro. Las víctimas principales son médicos y personal de enfermería, aunque el personal administrativo también presenta una alta exposición, especialmente en atención primaria.
Los resultados muestran que aproximadamente entre el 70% y el 80% de las agresiones se dirigen al personal sanitario asistencial, mientras que entre un 15% y un 30% afectan al personal no sanitario, incluyendo administrativos. Las causas son multifactoriales: tiempos de espera, sobrecarga del sistema, problemas organizativos y factores socioculturales.
Se concluye que las agresiones requieren un abordaje integral que combine medidas organizativas, legales, formativas y sociales. Entre las soluciones destacan el refuerzo de plantillas, la mejora de la seguridad en centros, la formación en gestión de conflictos y campañas de concienciación social.
PALABRAS CLAVE
Violencia laboral, personal sanitario, agresiones, atención primaria, hospitales, personal administrativo, españa, salud pública
ABSTRACT
Violence against healthcare professionals is a growing problem in public health systems, with direct repercussions on the quality of care, occupational health, and the system’s sustainability. This study aims to analyze the extent of assaults in hospitals and health centers in Spain, differentiating between healthcare and administrative staff, and to propose evidence-based intervention measures.
A narrative review was conducted based on official reports from the Ministry of Health, scientific articles, and specialized literature in Spanish. The most recent data indicate that in 2025, more than 18,500 assaults were recorded in the National Health System, predominantly verbal abuse, with significant underreporting. The main victims are physicians and nurses, although administrative staff are also highly exposed, especially in primary care.
The results show that approximately 70% to 80% of assaults are directed at healthcare staff, while between 15% and 30% affect non-healthcare staff, including administrative personnel. The causes are multifactorial: waiting times, system overload, organizational problems, and sociocultural factors.
It is concluded that these incidents require a comprehensive approach that combines organizational, legal, educational, and social measures. Key solutions include increasing staffing levels, improving security in facilities, providing conflict management training, and launching public awareness campaigns.
KEY WORDS
Workplace violence, healthcare workers, assaults, primary care, hospitals, administrative staff, spain, public health.
DESARROLLO DEL TEMA
La violencia en el entorno sanitario se ha consolidado como un problema de salud pública de primer orden en las últimas décadas1-7. Este fenómeno afecta especialmente a los sistemas sanitarios públicos, donde la elevada presión asistencial, la universalidad del acceso y las limitaciones estructurales generan un contexto propicio para conflictos entre usuarios y profesionales1-3.
Según el Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, lo que supone una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales2. Esta cifra confirma una tendencia ascendente sostenida en los últimos años.
La literatura científica señala que la mayoría de las agresiones son de carácter verbal, aunque las agresiones físicas, aunque menos frecuentes, tienen un mayor impacto psicológico y laboral1-3. Además, el fenómeno está infrarregistrado, ya que un bajo porcentaje de víctimas formaliza denuncias1-5.
Este artículo analiza la distribución de estas agresiones entre distintos colectivos profesionales —especialmente entre personal sanitario y administrativo— y plantea posibles estrategias de intervención.
MAGNITUD DEL PROBLEMA2-4:
Las agresiones a los profesionales sanitarios en España han seguido una tendencia claramente alcista en los últimos años. En 2024 se registraron 17.070 agresiones, cifra que ascendió a 18.563 en 2025, lo que representa un aumento del 8,7 %. Esto equivale a una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado respecto al 15,74 % observado entre 2023 y 2024, la tendencia al alza se mantiene de forma sostenida desde la época post-pandemia.
Este incremento no se debe únicamente a un aumento real de los actos violentos, sino también a una mayor concienciación y a la mejora en los sistemas de notificación. Las administraciones y las organizaciones colegiales han impulsado protocolos específicos de registro, lo que ha permitido visibilizar mejor un problema que antes quedaba más oculto. Aun así, las cifras siguen siendo muy preocupantes y evidencian una situación que está afectando al normal funcionamiento del sistema sanitario y al bienestar de quienes lo sostienen.
En cuanto a la tipología, la gran mayoría de las agresiones son de carácter no físico. Los insultos, amenazas, gritos, comportamientos intimidatorios y humillaciones representan alrededor del 84-85 % de los casos notificados. Estas situaciones son especialmente frecuentes en Atención Primaria. Por su parte, las agresiones físicas —empujones, golpes, arañazos u otros contactos violentos— suponen aproximadamente el 15-16 % restante. Aunque menos habituales, suelen tener un impacto mucho mayor: provocan lesiones, bajas laborales y, con frecuencia, secuelas psicológicas importantes que pueden prolongarse en el tiempo.
Los ámbitos más afectados son, de forma consistente, la Atención Primaria, los servicios de Urgencias y las unidades de Salud Mental. Estos entornos concentran la mayor incidencia porque suelen combinar alta carga emocional, presión asistencial intensa, tiempos de espera prolongados y situaciones de gran estrés tanto para los pacientes como para los profesionales. Todo ello crea un caldo de cultivo propicio para que la tensión derive en agresiones2,3.
DISTRIBUCIÓN DE LAS AGRESIONES SEGÚN EL TIPO DE PERSONAL:
El personal sanitario, integrado por médicos, enfermeras y auxiliares, es el colectivo más afectado por las agresiones en el ámbito sanitario. Diversos estudios coinciden en que entre el 70% y el 80% de los incidentes recaen sobre este grupo asistencial, siendo médicos y enfermeras los más vulnerables.
Además, las mujeres constituyen la mayoría de las víctimas. En atención primaria, los médicos de familia y las enfermeras concentran gran parte de los casos, principalmente porque mantienen un contacto directo y prolongado con los pacientes y sus familias2.
Por su parte, el personal administrativo, como los trabajadores de admisión y atención al usuario, también sufre una exposición notable, aunque en menor proporción absoluta. Según informes sindicales y estudios, entre el 15% y el 30% de las agresiones afectan a personal no sanitario. Este colectivo resulta especialmente vulnerable en atención primaria, donde actúa como primer punto de contacto con los usuarios. Su exposición se agrava porque, con frecuencia, carecen de formación específica en manejo de conflictos, lo que aumenta su riesgo ante situaciones de tensión6.
Existen diferencias claras según el nivel asistencial. En atención primaria, las agresiones se reparten más entre el personal administrativo y los médicos de familia. En cambio, en los hospitales la incidencia es mayor entre el personal de enfermería y los facultativos. Estas variaciones se explican por las dinámicas organizativas de cada nivel y por el tipo de interacción que se establece con los pacientes y acompañantes.
Factores asociados a las agresiones1-7:
Las agresiones en el entorno sanitario no responden a un único motivo, sino que surgen de la combinación de varios factores: organizativos, individuales, sociales y profesionales.
Entre los factores organizativos destacan la saturación del sistema sanitario, las listas de espera prolongadas y la falta de recursos humanos. Estas situaciones generan frustración acumulada en los usuarios, que muchas veces descargan su malestar contra el primer profesional que encuentran.
En cuanto a los factores individuales, suelen estar relacionados con problemas de salud mental, el consumo de alcohol o drogas y una baja tolerancia a la frustración. Estos elementos personales pueden hacer que una situación de estrés derive rápidamente en un comportamiento agresivo.
Desde el punto de vista social, influyen la pérdida de confianza en las instituciones públicas, la normalización de la violencia como forma de resolver conflictos y la falta de educación cívica en el respeto a los profesionales que prestan servicios esenciales.
Finalmente, los factores profesionales también juegan un papel importante. La escasa formación en habilidades comunicativas y la falta de preparación específica para gestionar situaciones conflictivas dejan al personal sanitario y administrativo más expuesto, sin herramientas suficientes para desescalar tensiones antes de que escalen hacia la agresión
En conjunto, estos elementos interactúan y refuerzan el riesgo, lo que explica por qué las agresiones se han convertido en un problema estructural en muchos sistemas de salud.
CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES1:
En cuanto a las consecuencias de las agresiones encontramos: consecuencias para los profesionales, consecuencias para el sistema sanitario y consecuencias para los pacientes.
Las agresiones a los profesionales pueden producir estrés laboral, ansiedad y depresión, síndrome de burnout y absentismo laboral3.
Las consecuencias para el sistema sanitario son: disminución de la calidad asistencial, aumento de costes y deterioro del clima laboral.
En cuanto a las consecuencias para los pacientes serían: la relación médico-paciente puede verse afectada negativamente y menor eficacia terapéutica7.
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN:
Las propuestas de intervención para abordar este problema deben ser integrales y abarcar distintos ámbitos que se complementan entre sí. Se incluyen medidas organizativas, de seguridad, formativas, legales y sociales, con el objetivo de crear un entorno más seguro y respetuoso para los profesionales sanitarios.
En el plano organizativo, es fundamental reforzar las plantillas de personal para evitar la sobrecarga asistencial, que muchas veces genera situaciones de tensión. Paralelamente, se debe trabajar en la reducción de los tiempos de espera, uno de los principales desencadenantes de frustración entre los pacientes y acompañantes. Una mejora en la gestión de citas, con sistemas más flexibles y transparentes, ayudaría a distribuir mejor la demanda y a disminuir la percepción de desorganización 2-3.
Respecto a las medidas de seguridad, resulta imprescindible garantizar la presencia de personal de seguridad en los puntos más conflictivos de los centros sanitarios, especialmente en urgencias y áreas de alta rotación. La instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes, junto con sistemas de alarma silenciosa de activación rápida, permitiría una respuesta más ágil ante incidentes y disuadir posibles agresiones7.
La formación constituye otro pilar esencial. Los profesionales deben recibir entrenamiento específico en habilidades comunicativas para manejar mejor las interacciones difíciles con pacientes y familiares1-3. Igualmente, importante es la capacitación en técnicas de desescalada de conflictos, que enseñen a reconocer señales de tensión y a intervenir de forma preventiva. Además, es necesario que todos conozcan claramente los protocolos de actuación ante agresiones, para que sepan exactamente cómo proceder en caso de producirse un incidente.
Desde el ámbito legal, se propone endurecer las sanciones para quienes agreden al personal sanitario, enviando un mensaje claro de tolerancia cero. Al mismo tiempo, se debe facilitar el proceso de denuncia, simplificándolo y agilizándolo para que los profesionales no perciban la vía judicial como algo complicado o inútil. La protección jurídica al profesional es clave: debe incluir acompañamiento legal desde el primer momento y mecanismos que eviten represalias o consecuencias negativas por denunciar. La protección jurídica y el fomento activo de la denuncia son elementos fundamentales para combatir la infradenuncia, que sigue siendo uno de los mayores obstáculos para dimensionar correctamente el problema y actuar con contundencia2-5.
Por último, las medidas sociales buscan actuar sobre el origen cultural y social de estas conductas. Es necesario desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a la población general que pongan en valor el trabajo de los profesionales sanitarios y promuevan el respeto mutuo en las relaciones sanitarias. También se puede trabajar en la colaboración con asociaciones de pacientes y medios de comunicación para mejorar la imagen del sistema sanitario y reducir la estigmatización o el descrédito que a veces se genera. Fomentar una cultura de corresponsabilidad entre ciudadanos y profesionales ayudaría a reconstruir la confianza mutua6.
La combinación equilibrada de todas estas medidas, aplicadas de forma coordinada entre administraciones, centros sanitarios y sociedades científicas, es la vía más efectiva para reducir las agresiones y mejorar el clima laboral en el sector sanitario.
EL PAPEL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: UNA VULNERABILIDAD EMERGENTE6:
Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en el personal sanitario, dejando en un segundo plano al personal administrativo. Sin embargo, estudios recientes subrayan que este colectivo desempeña un papel crítico en la interacción inicial con el paciente, lo que lo convierte en un punto clave de conflicto.
El personal administrativo es responsable de funciones como la gestión de citas, la información al usuario y la tramitación de documentación. Estas tareas, aunque no asistenciales, están directamente relacionadas con aspectos altamente sensibles para el paciente, como los tiempos de espera o el acceso a servicios2.
Una característica diferencial de este colectivo es la menor formación en habilidades clínicas y de gestión emocional, lo que puede dificultar la resolución de situaciones tensas. Además, en muchos centros, estos profesionales trabajan en espacios abiertos sin medidas de seguridad adecuadas, lo que incrementa su exposición.
La evidencia sugiere que el impacto psicológico de las agresiones en el personal administrativo es comparable al del personal sanitario1, incluyendo síntomas de ansiedad, miedo y desmotivación laboral. Sin embargo, este impacto suele estar menos visibilizado y reconocido institucionalmente.
INNOVACIONES EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE AGRESIONES7:
En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas innovadoras orientadas a prevenir y gestionar la violencia en el entorno sanitario:
- Sistemas de alerta temprana: permiten identificar pacientes con antecedentes de comportamiento violento.
- Botones de pánico y dispositivos móviles: facilitan la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.
- Arquitectura preventiva: diseño de espacios que minimizan riesgos (salidas accesibles, barreras físicas).
- Programas de formación avanzada: simulaciones de conflictos y entrenamiento en comunicación efectiva.
Además, algunos centros han comenzado a implementar modelos de “tolerancia cero”, que incluyen campañas visibles dirigidas a los usuarios, informando de las consecuencias legales de las agresiones2.
Otra línea emergente es la incorporación de apoyo psicológico inmediato para las víctimas, lo que contribuye a reducir el impacto emocional y favorece la continuidad laboral.
CONCLUSIONES
Las agresiones en el ámbito sanitario público en España están en aumento. El personal sanitario concentra entre el 70% y el 80% de los casos.
El personal administrativo representa entre el 15% y el 30% de las agresiones, especialmente en atención primaria.
Las causas son multifactoriales y estructurales. Es necesario un enfoque integral que combine medidas organizativas, legales y sociales.
BIBLIOGRAFÍA
- Serrano Vicente MI, Fernández Rodrigo MT, Satústegui Dordá PJ, Urcola Pardo F. Agresiones a profesionales del sector sanitario en España: revisión sistemática. Rev Esp Salud Pública. 2019.
- Ministerio de Sanidad. Informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud 2025. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2025.
- Agresiones hacia el personal sanitario en España: violencias invisibilizadas, silencios inaceptables. Med Fam SEMERGEN. 2024.
- Ministerio de Sanidad. Informe de agresiones 2024. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024.
- Infobae. Una de cada cuatro agresiones a sanitarios queda impune [Internet]. 2026 [citado 24 jun 2026]. Disponible en: https://www.infobae.com
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Informes sobre violencia laboral en sanidad pública 2025-2026 [Internet]. Madrid: CCOO; 2026 [citado 24 jun 2026].
- World Health Organization. Violence in the workplace in the health sector [Internet]. Geneva: WHO.
