Agresiones a profesionales del sistema de salud: causas, consecuencias y respuestas institucionales

14 agosto 2025

 

AUTORES

  1. Ana Isabel Navarro Pérez. Auxiliar Administrativa y TCAE. CME San José. (Zaragoza). Aragón. España.
  2. María Yébenes Delgado. Trabajadora Social. Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza). Aragón. España.
  3. Laura Báguena Sancho. Trabajadora Social. Hospital Universitario Miguel Servet. (Zaragoza). Aragón. España.
  4. Natividad Aragüés Saz. Trabajadora Social y TCAE. Hospital Universitario Miguel Servet. (Zaragoza). Aragón. España.
  5. Eva Ibáñez Mily. Licenciada en Odontología. Aragón. España.
  6. Sonia Pascual Martín. Trabajadora Social. Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Aragón. Aragón. España.

 

RESUMEN

Las agresiones a profesionales de la salud y de la administración en hospitales y centros de salud representan un problema creciente en España y a nivel internacional. Estas agresiones —físicas y verbales— tienen múltiples causas, como las altas expectativas de las personas usuarias, la saturación del sistema, la desinformación y, en ocasiones, factores culturales o raciales. El impacto es profundo: desde estrés postraumático, ansiedad y enfermedades laborales hasta abandono profesional, absentismo y deterioro de la calidad asistencial.

Las instituciones han reaccionado mediante protocolos de prevención, campañas de “tolerancia cero”, formación, denuncias y medidas legales reforzadas (Código Penal, artículo 550, vigilancia policial, órdenes de alejamiento), así como pactos de coordinación entre Fiscalía, sindicatos y administración. No obstante, persisten barreras en su efectividad e infradenuncias. Se concluye con recomendaciones para mejorar la protección, visibilizar y dar soporte a las víctimas, y fortalecer el marco normativo, organizativo y cultural que garantice entornos laborales seguros.

PALABRAS CLAVE

Violencia laboral sanitaria, agresiones profesionales, protocolos institucionales, prevención y denuncia, salud laboral.

ABSTRACT

Aggressions against healthcare and administrative professionals in hospitals and health centers represent a growing problem in Spain and internationally. These attacks, both physical and verbal, stem from multiple causes, such as high user expectations, system saturation, misinformation, and, in some cases, cultural or racial factors. The impact is profound, ranging from post-traumatic stress, anxiety, and occupational illnesses to professional abandonment, absenteeism, and a decline in the quality of care.

Institutions have responded with prevention protocols, “zero tolerance” campaigns, training, reporting mechanisms, and reinforced legal measures (Criminal Code, Article 550, police surveillance, restraining orders), as well as coordination agreements between the Public Prosecutor’s Office, unions, and the administration. However, barriers to effectiveness and underreporting persist. The article concludes with recommendations to improve protection, increase visibility and provide support to victims, and strengthen the normative, organizational, and cultural framework that ensures safe working environments.

KEY WORDS

Workplace violence in healthcare, professional assaults, institutional protocols, prevention, reporting, and occupational health.

INTRODUCCIÓN

La violencia contra el personal sanitario y administrativo es una manifestación agresiva —física o verbal— que se produce en el ejercicio profesional. En España, se estima que esta violencia representa alrededor del 25 % del total de la violencia laboral1. Los colectivos más afectados son mujeres de entre 35 y 55 años, particularmente en Atención Primaria y Urgencias, así como otros ámbitos asistenciales con alto nivel de estrés y vulnerabilidad.

El aumento progresivo de las agresiones y la baja tasa de denuncia conectan esta problemática con deficiencias en los protocolos, la cultura organizacional, la formación institucional y la legislación laboral y penal. A menudo, estas conductas se normalizan o minimizan dentro del entorno laboral, lo que incrementa la sensación de desprotección de los profesionales. Esta situación no solo afecta a la salud y seguridad laboral, sino que representa un desafío de salud pública y una señal de deterioro en la relación entre ciudadanía e instituciones.

Esta investigación aborda el fenómeno desde una perspectiva integral, analizando sus causas, consecuencias y respuestas institucionales, con el objetivo de formular propuestas que mejoren la prevención, la protección y la reparación ante este tipo de violencia.

OBJETIVOS

  1. Identificar las principales causas de las agresiones a personal sanitario y administrativo.
  2. Analizar las consecuencias individuales y organizativas de estas agresiones.
  3. Evaluar las respuestas institucionales existentes y proponer mejoras integrales.

 

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión documental de informes oficiales (Ministerio de Sanidad, INSST), revistas científicas (Medicina de Familia SEMERGEN, BMJ Open) y noticias relevantes (Cadena SER, El País). Se emplearon buscadores en bases como SciELO, PubMed y repositorios institucionales, con énfasis en España y Europa, considerando la legislación vigente y protocolos autonómicos actualizados.

DESARROLLO

El fenómeno de las agresiones a profesionales del sistema de salud no es nuevo, pero ha adquirido una visibilidad creciente en la última década. No se limita a un sector o colectivo específico, sino que afecta a profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social, celadores/as y otros, así como personal administrativo y de seguridad. Las agresiones pueden ser físicas, verbales, psicológicas o simbólicas, y a menudo se normalizan o minimizan en el entorno laboral.

Causas de las agresiones:

 

Las agresiones al personal sanitario y administrativo no son eventos aislados ni fruto del azar, sino el resultado de un entramado complejo de factores que confluyen en los entornos de atención. Para comprender adecuadamente este fenómeno, es necesario identificar sus causas estructurales y contextuales, que incluyen desde el colapso de los servicios y las expectativas desmesuradas de la ciudadanía, hasta elementos socioculturales, económicos y de género2. Reconocer estos factores permite avanzar hacia estrategias preventivas más eficaces y adaptadas a la realidad del sistema de salud.

 

Saturación del sistema y esperas:

La masificación en servicios como urgencias y atención primaria ha generado tensiones constantes. Las listas de espera prolongadas generan frustración en las personas usuarias, que a menudo descargan su malestar contra el personal profesional, que representa el rostro visible del sistema3.

 

Expectativas no realistas y desinformación:

La expansión del acceso a la información médica —muchas veces sin filtros— ha generado una ciudadanía con conocimientos parciales, que a veces demanda pruebas o tratamientos inadecuados. Cuando sus expectativas no se cumplen, puede surgir una reacción agresiva4.

 

Factores culturales, socioeconómicos y de género:

Algunas personas usuarias presentan actitudes discriminatorias hacia profesionales por razones de género, etnia o acento. Las mujeres son el colectivo más afectado por las agresiones, especialmente en atención directa como enfermería o trabajo social.

 

Entornos de alto riesgo asistencial

Urgencias, salud mental, adicciones y atención domiciliaria son ámbitos con mayores niveles de estrés y vulnerabilidad, donde se acumulan factores de riesgo, como enfermedades psiquiátricas no tratadas, consumo de sustancias o situaciones sociales complejas.

 

Consecuencias de las agresiones:

Las agresiones sufridas por personal sanitario y administrativo no solo afectan de manera directa a quienes las padecen, sino que también generan un profundo impacto en el funcionamiento de las instituciones y en la calidad asistencial ofrecida5. Las consecuencias se manifiestan en distintos niveles: personal, organizativo y colectivo, comprometiendo la salud mental del personal, deteriorando el clima laboral y afectando negativamente a la eficacia del sistema. Comprender estas repercusiones es esencial para dimensionar la gravedad del problema y diseñar respuestas institucionales sostenidas en el tiempo.

 

Efectos personales:

Los efectos psicológicos incluyen estrés postraumático, ansiedad, síntomas depresivos, alteraciones del sueño, desmotivación y pérdida de autoestima profesional. En algunos casos, se desencadena la decisión de abandonar el puesto o la profesión6.

 

Impacto en la organización:

Las agresiones reducen la calidad asistencial: el personal que desempeña funciones asistenciales tiende a adoptar posturas más defensivas, evita interacciones con algunas personas usuarias y prioriza su seguridad por encima de la relación terapéutica. Esto repercute en la eficacia del sistema y en los costes derivados del absentismo, las bajas laborales y la rotación de personal.

 

Consecuencias en el clima laboral:

Los equipos que sufren agresiones frecuentes desarrollan climas laborales negativos, marcados por la desconfianza, el miedo y la falta de apoyo institucional. Esto debilita la cohesión profesional y aumenta los conflictos interpersonales.

 

Respuestas institucionales:

Ante el aumento de las agresiones a profesionales del ámbito sanitario y administrativo, las instituciones han comenzado a implementar diversas medidas con el objetivo de prevenir, contener y sancionar estos actos de violencia. Las respuestas institucionales abarcan desde reformas legales hasta protocolos de actuación, pasando por la incorporación de tecnologías de seguridad y campañas de sensibilización. Analizar estas acciones permite valorar su alcance, detectar carencias y plantear mejoras que garanticen entornos laborales más seguros y protectores para el personal que sustenta el sistema de salud.

 

Protección legal:

Desde la reforma del Código Penal de 2015, agredir a personal sanitario en el ejercicio de su función pública se considera un delito de atentado a la autoridad (art. 550) ⁷, lo que conlleva penas de prisión de uno a cuatro años. Esta protección jurídica se ve reforzada también por los compromisos internacionales asumidos por España, como la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo⁸, y su incorporación al ordenamiento jurídico mediante el instrumento de adhesión publicado en el BOE⁹. Estas normativas establecen un marco integral de prevención, protección, reparación y sanción frente a la violencia laboral.

 

Protocolos de prevención y actuación:

Comunidades como Andalucía, Castilla y León o Aragón han desarrollado protocolos de actuación frente a agresiones, que incluyen la identificación de personas usuarias conflictivas, sistemas de alerta, formación específica, y seguimiento a las víctimas. Sin embargo, su implementación es desigual y depende de recursos y voluntad política.

 

Tecnología y seguridad activa:

Algunas instituciones han incorporado botones de pánico, geolocalización del personal en domicilios, videovigilancia y medidas disuasorias. Estas herramientas pueden prevenir incidentes, pero deben complementarse con una cultura institucional de seguridad y cuidado.

 

Campañas de sensibilización y formación:

El Plan Nacional contra las Agresiones incluye campañas de “Tolerancia Cero” y jornadas formativas para profesionales. Se insiste en la importancia de comunicar de forma empática, detectar señales de alerta y conocer los canales de denuncia. También se promueve el uso del interlocutor policial sanitario, figura que facilita el contacto con las fuerzas de seguridad10.

 

Coordinación con justicia y fiscalía:

En algunas comunidades, la fiscalía ha implementado canales rápidos de denuncia y órdenes de alejamiento para casos reincidentes. Sin embargo, parte del personal profesional desconoce sus derechos o teme represalias, lo que alimenta una cultura del silencio.

 

CONCLUSIONES

Las agresiones al personal sanitario y administrativo constituyen una amenaza real y creciente en España, con graves implicaciones individuales, sociales y organizativas. Las múltiples causas requieren respuestas integrales que no se limiten únicamente a la sanción, sino que incorporen prevención, formación, protección institucional y transformación cultural.

No solo constituyen un problema de salud laboral, sino también un indicador del deterioro de las relaciones entre ciudadanía e instituciones públicas. Este fenómeno pone de relieve tensiones estructurales que exceden el ámbito asistencial, revelando una profunda crisis de confianza y comunicación en los servicios públicos.

Es imprescindible que las respuestas no se limiten a reforzar la seguridad o endurecer las penas, sino que integren un enfoque preventivo, educativo y restaurativo. Esto implica promover una cultura organizacional basada en el respeto mutuo, la escucha activa y el cuidado tanto del personal profesional como de las personas usuarias.

Además, el abordaje de esta violencia debe contemplar la mejora del entorno laboral: condiciones dignas, apoyo emocional, formación continua y reconocimiento del trabajo realizado son pilares fundamentales para disminuir la vulnerabilidad de los equipos. La prevención de agresiones pasa también por garantizar que el personal profesional no se sienta solo ni desprotegido.

Finalmente, avanzar en esta materia requiere una voluntad política sostenida, una mayor coordinación entre administraciones y una implicación activa de todos los actores del sistema sanitario. Solo así será posible transformar los espacios de atención en entornos seguros, justos y humanizados, donde el bienestar de quienes cuidan también sea una prioridad.

 

BIBLIOGRAFÍA

  1. Marinas Sanz R, Martínez Jarreta B, Casalod B, Bolea M. Las agresiones a profesionales sanitarios en España: análisis tras la reciente modificación del Código Penal. Universidad de Zaragoza; 2016. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/70832.
  2. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Violencia en el trabajo [Internet]. Madrid: INSST; [citado 2025 jun 28]. Disponible en: https://www.insst.es/materias/riesgos/riesgos-psicosociales/violencia-en-el-trabajo.
  3. Ministerio de Sanidad. Informe de agresiones a profesionales del sistema sanitario 2023. Madrid; 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/agresiones/docs/InformeAgresiones_2023.pdf.
  4. Martínez Gandolfi MA, Rodríguez Mir J. Violence against healthcare workers in Spain: Invisible violence, unacceptable silences. Semergen. 2024 Nov–Dec;50(8):102319. doi:10.1016/j.semerg.2024.102319.
  5. Lanctôt N, Guay S. The aftermath of workplace violence among healthcare workers: a systematic literature review of the consequences. Aggress Violent Behav. 2014;19:492–501. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178914000809.
  6. Pérez-Fuentes MdC, Molero Jurado MdM, et al. Aggression against Spanish nursing personnel and effects on somatisation. BMJ Open. 2020;10:e034143. Disponible en: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/3/e034143.full.pdf.
  7. Conceptos Jurídicos. Artículo 550 del Código Penal: Delito de atentado contra la autoridad [Internet]. Disponible en: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-550.
  8. OIT. Convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Ginebra; 2019. Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
  9. Boletín Oficial del Estado. Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. BOE n.º 143, 16 de junio de 2022. p. 82959-82966.
  10. Ministerio del Interior. Interlocutor policial sanitario [tríptico en PDF]. Madrid.2017. Disponible en: https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Interlocutor_policial_sanitario_desplegable_web_126220397.pdf.

 

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