AUTOR
- Irish Puértolas Pau. ORCID: 0009-0004-6411-8881. Médica Especialista MFyC. Centro de Salud Jaca (Huesca). España.
CARTA AL EDITOR
Sr. Editor:
La Incapacidad Temporal (IT) se define como la situación en la que un trabajador se encuentra impedido de forma transitoria para ejercer su actividad laboral, ya sea por contingencia común (CC) – como enfermedad o accidente no laboral, o por contingencia profesional (CP) – como accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el primer caso, la asistencia sanitaria se presta a través del sistema público, mientras que, en el segundo, suele ser gestionada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (SS). Este mecanismo, concebido como una herramienta de protección social, garantiza la continuidad económica del trabajador durante el periodo de recuperación y facilita su reincorporación en condiciones adecuadas1.
En 2024 y a nivel nacional, las bajas laborales por CC sumaron un total de 8.716.663 procesos, frente a los 628.300 derivados de CP, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto supone que aproximadamente del total, el 93 % de las IT fueron CC2, gestionadas mayoritariamente desde AP, lo que convierte a este nivel asistencial en el principal responsable tanto de la tramitación como del seguimiento de estos procesos, con la consiguiente sobrecarga clínica y burocrática para sus profesionales.
Los médicos de Atención Primaria (AP) en España estamos siendo testigos del incremento del uso injustificado o abusivo de las IT. Esta tendencia se manifiesta en un aumento sostenido del número de bajas laborales, una prevalencia que ha pasado de 33 a 53 por cada mil trabajadores entre 2019 y 2024. En ese mismo periodo, el número total de bajas aumentó un 46 %, mientras que las de larga duración llegaron a duplicarse; por su parte, los costes asociados – tanto por trabajador como en términos globales para las empresas colaboradoras y para la SS, se incrementaron por encima del 60 %. Todo ello ocurre en un contexto de progresivo envejecimiento de la población activa, particularmente en el grupo de trabajadores mayores de 55 años, lo que permite anticipar una tendencia al alza en los próximos años3.
Lejos de ser un hecho aislado, esta situación se ha consolidado en la práctica diaria en AP, agravando la presión sobre un sistema ya crónicamente saturado y colocando al médico de familia en una posición de vulnerabilidad. Este escenario genera una tensión creciente – social, administrativa y emocional, en la que el profesional debe asegurar la correcta gestión de un recurso público, enfrentándose simultáneamente y con frecuencia, a la incomprensión, desconfianza e inclusive recriminación por parte del paciente. Estas circunstancias originan dilemas éticos y dificultades en la relación médico-paciente, que deterioran la confianza mutua y repercuten negativamente en la calidad asistencial. Diversos informes de la Organización Médica Colegial de España (OMC) han puesto de manifiesto como los conflictos derivados de la gestión de la IT, son una de las principales causas de agresiones hacia los médicos de AP, representando en ciertos periodos, más del 50 % de los incidentes registrados4.
La IT presenta un alcance que excede la dimensión puramente sanitaria al repercutir de forma directa en la sostenibilidad económica del sistema de protección social. Sin embargo, el desconocimiento generalizado poblacional sobre sus verdaderos límites, favorece una concepción errónea de la IT como un derecho absoluto, sin tener en cuenta su naturaleza asistencial ni las restricciones inherentes a su correcta aplicabilidad. Es frecuente que la solicitud de una baja médica responda no a una causa clínica objetivable, sino a la necesidad de afrontar situaciones o conflictos de índole laboral, familiar o personal, trasladando al médico una responsabilidad que rebasa su competencia sanitaria. Uno de cada tres trabajadores en situación de IT, reconoce que tanto las condiciones como los conflictos laborales, han influido de forma significativa en su estado de salud y, en consecuencia, en la génesis de su incapacidad5.
Esta responsabilidad no debería recaer de manera exclusiva sobre el profesional de AP, sino ser compartida tanto con organismos superiores, como la Inspección Médica Provincial, como con otros niveles asistenciales, a través de un modelo de gestión más integrador y coordinado entre los distintos ámbitos sanitarios y las entidades de supervisión correspondientes3. Sin embargo, en la práctica clínica, la mayoría de estas decisiones continúan concentrándose en el ámbito de la AP, donde se produce con mayor frecuencia el conflicto y la tensión asistencial. Esta realidad socava progresivamente la autonomía clínica de sus profesionales contribuyendo al deterioro emocional y profesional de quienes constituyen la base operativa del sistema sanitario.
El progresivo desgaste de los médicos de familia, ya sobrecargados y afectados por la insuficiencia estructural de recursos, compromete tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, resultaría imprescindible desarrollar una estrategia integral que aborde esta problemática de forma estructural. En primer lugar, sería necesario promover una educación sanitaria dirigida a la ciudadanía que fomentara un uso responsable y consciente de los recursos disponibles, subrayando que la IT constituye una prestación de carácter limitado, financiada con fondos públicos y cuyo uso inadecuado tiene un impacto directo sobre el conjunto del sistema. Así como se han impulsado campañas para evitar el uso inapropiado de los servicios de urgencias, sería conveniente implementar una iniciativa nacional orientada a reforzar el adecuado aprovechamiento de la IT.
Por otra parte, es necesario desarrollar una reforma normativa y organizativa que simplifique los trámites administrativos, agilice los procesos y reduzca la carga burocrática sobre los profesionales de AP. En este sentido, aunque en Aragón ya se ha implementado la digitalización y automatización de procedimientos mediante el sistema RAPIT – Registro de Asistencia y Procesos de Incapacidad Temporal, que ha supuesto un avance significativo en la gestión de la IT, persisten importantes limitaciones. Este sistema no garantiza todavía un flujo transversal, ágil y centralizado de información entre todos los actores implicados – AP, Atención Especializada, mutuas colaboradoras y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); señalar que, aunque Atención Especializada tiene competencias en IT, especialmente en fases iniciales del proceso, su implicación práctica es poco frecuente, recayendo el grueso de la responsabilidad en el médico de familia. Por ello, resultaría imprescindible establecer un sistema común, coordinado y en tiempo real, que permita el acceso compartido a información clave, como la vida laboral del paciente, el curso clínico registrado en otros niveles o el seguimiento por parte de la mutua. Este modelo integrador no solo mejoraría la calidad de las decisiones clínicas, sino que contribuiría a distribuir de manera más equitativa la responsabilidad en un proceso que, por su complejidad y repercusiones, no debería gestionarse de forma aislada desde una única consulta.
Por último y no menos importante, debe reconocerse y proteger la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los médicos de AP ante situaciones de presión, conflicto o coacción, tanto en materia de IT como de forma general por otros motivos, para lo cual se necesita un respaldo institucional firme, la implementación de protocolos claros y un marco jurídico que salvaguarde la independencia del juicio clínico.
Es imprescindible garantizar que la dignidad y el bienestar de los profesionales sanitarios, entendidos como pilares esenciales para la prestación de una atención de calidad, segura y comprometida con la ciudadanía, se preserven íntegros en cada proceso, decisión clínica y procedimiento administrativo, sin importar el nivel asistencial o el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que se desarrollen.
BIBLIOGRAFÍA
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